Y el chocolate espero, solía decir mi abuela.
Y lo que quedó claro en los últimos días es que la conversión de las telecomunicaciones en un servicio público no tiene marcha atrás. Es una decisión política de fondo, de esas a las que gustan llamar «política de Estado».
Culpá a la pandemia, que puso de relevancia a las telecomunicaciones para sostener a las sociedades, el comercio, la economía y la educación.
Quedaron tan pero tan expuestas como servicio indispensable como el agua que, en el último informe de la Unctad, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, advierten que «el progreso tecnológico es fundamental para el desarrollo sostenible, pero también puede perpetuar las desigualdades o crear nuevas».
«Por tanto, la tarea de los gobiernos es maximizar los beneficios potenciales, al tiempo que se mitigan los resultados perjudiciales”, afirmó el informe.
Al revisar el estudio, casi me parecía escuchar a Alejandro Prince cuando daba las charlas en las que mostraba la diferencia de la velocidad en la generación de datos, riquezas, innovación, a lo largo de la historia de les humanes en el Planeta Tierra.
Es que la Unctad, se remontó 250 años atrás, a la primera revolución industrial. Así concluyó que cada avance en el camino de la innovación y el progreso causó una mayor desigualdad entre países.
«Entre 1820 y 2002 la desigualdad entre países pasó del 28% al 85%», según el informe de la Unctad.
«El éxito en el siglo XXI requerirá un enfoque equilibrado: construir una base industrial sólida y promover tecnologías de vanguardia que puedan ayudar a cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su visión global de sociedades inclusivas y sostenibles centradas en las personas», dicen desde la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.
Fronteras adentro, la recategorización de los servicios TIC, que tanto alertó a empresas de todo tamaño, es ley, aún cuando avancen las movidas judiciales.
Los detalles, como el impacto en precios, pueden seguir discutiéndose.
De hecho, las últimas resoluciones del Enacom muestran un «camino correcto», ya que segmentó los aumentos autorizados según el tamaño del operador (esas asimetrías que a algunes no les gusta, y que otros reclaman como indispensable) y según el nivel de consumo del cliente…
Ni que leyeran TelcosMedia….. no?
Alcanza? No… Nada alcanza… Pero en los hechos, una y sólo una de las empresas «grandes» no «reintegró» en la factura de marzo lo cobrado «de más» a sus clientes en enero y febrero.
El relato de los hechos cuenta que «Primero se intimó y se le corrió traslado de las denuncias de los usuarios».
La empresa hizo el descargo. El Enacom analizó el descargo y lo rechazó. Acto seguido imputó a la empresa, que ahora tiene 10 días para responder la imputación.
Qué dice la imputación? que la empresa incumplió con las resoluciones y que tiene que devolver «con intereses» lo cobrado de más a todos los usuarios de los servicios que brinda.
El presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, dijo en radio que a Telecom se la multó, y remarcó que la primera consecuencia de no haber aceptado la devolución a los usuarios de lo percibido de más, es que no pueden implementar los aumentos que sí podrán hacer en sus facturas Claro y Movistar.
Consultados por TelcosMedia, en Telecom, niegan la imputación «Hasta este momento que yo sepa no», dice el homónimo de quien negó a Jesús tres veces.
Y de paso, recordó que los aumentos aplicados desde enero por la empresa no fueron del 20% para todes… sino… paso a detallar…
– Abonos de TV se actualizaron en todas sus variantes un 20% – Abonos de Banda Ancha Fija, para velocidades mayores a 25 Megas el aumento fue de un 20% y para las velocidades menores o iguales a 25 Mb fue del 10% -Abonos básicos de telefonía fija se aumentaron 5% -Abonos de telefonía móvil: los abonos de 1GB aumentaron 5%, los mayores a 1Gb aumentaron un 20%
Palabras más, palabras menos, en el clásico ida y vuelta, tendrán unos días para responder la intimación y ahí se verá como sigue la cuestión.
Entre tanto, y mucho más relevante, es que Claro, Movistar, Direct TV, Telecentro y otres firmaron el compromiso de la devolución a les usuaries.
Mientras que entre las PyMEs hay una posición de base, como expresa Franco Cechini (CATIP) «los precios deben ser libres», y una más de coyuntura: «está bien peor no alcanza,», como señala Ariel Graizer (CABASE).
En las cooperativas, para Antonio Roncoroni (FECOSUR), «el camino es el correcto».
Y en la obsesión por seguir la ruta del dinero, déjenme apuntar que este mercado acostumbra a tratar con clientes y no con usuarios.
Los usuarios tienen incorporado el derecho a tener servicio aún en condiciones adversas; mientras que el cliente tienden a pensar que es merecedor del servicio que paga.
El cliente sabe que si llama a la proveedora de servicios y le dice que quiere dar de baja el servicio, le ofrecerán promociones, beneficios, mejores precios o nuevas condiciones, para que no se vaya.
El usuario no llama para dar de baja, simplemente porque necesita el servicio. Cambiar de empresa implica un trámite, implica un cambio, en un usuario que, convertido en vulnerable por la situación macroeconómica y la pandemia, no lo hace.
Dejo para el análisis de cada base de clientes de cada compañía cuántos clientes y cuantos usuarios tiene.
Al menos así lo veo yo!
Hasta la semana que viene.
